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La politización de la justicia

La politización de la justicia en Honduras es una realidad que no admite discusiones, nadie en su sano juicio, podrá argumentar que el sistema judicial y de investigación hondureño es capaz, independiente o que con raras excepciones, los operadores de justicia actúan totalmente en apego a la ley, todo lo contrario, ya es una costumbre malévola la imposición del poder político sobre las investigaciones, decisiones, dictámenes y sentencias que emanan desde el Ministerio Publico (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

Lamentable es también el hecho de encontrarnos con una élite política que justifica la ilegalidad a cambio de mantener sus múltiples beneficios, esto comprueba en buena medida, que la falta de legitimidad del sistema judicial y por ende, la crisis de gobernabilidad en el país, son producto de un Estado que se distingue por estar al servicio del poder político y no a la majestad de la ley.

Que sean los políticos de turno los que dicten las pautas del rumbo que debe seguir la justicia es un enorme retroceso que ha hecho caer al país en el autoritarismo gubernamental en perjuicio del principio de independencia judicial y que como consecuencia ha debilitado a todo el sistema democrático.

Son los políticos, y particularmente aquellos a quienes el pueblo ha delegado la responsabilidad de gobernar, los primeros obligados a someterse al imperio de la ley, ya no es posible seguir justificando las irregularidades cometidas desde el poder o dilatando los procesos, nada más absurdo que aceptar que se violente la ley porque, de todos modos, “otros ya lo hicieron antes”.

En lugar de la politización de la justicia, lo adecuado sería, judicializar la política, obligando a la ejecución ética del poder, exigiendo el estricto respeto a los principios constitucionales y la permanente rendición de cuentas bajo la obligatoriedad de ser requeridos y castigados cuando se haga uso indebido de los recursos del Estado o se abusa del poder temporal otorgado.

La judicialización de la política abriría el camino de la transparencia y permitiría detectar los abusos de gran escala, y otros delitos cometidos desde el ejercicio del poder como en el caso de la corrupción pública, visible para unos, perceptible para otros, pero en la mayoría de los casos invisible e intocable para la ley.

Judicializar la política es imperativo para erradicar el flagelo de la impunidad, un sistema judicial sólido e independiente es la única vía para limitar el camino de quienes han visto en la política un medio fácil de enriquecimiento, de acceso al poder y de tráfico de influencia entre otros males, por tanto, el rechazo social y la insatisfacción ciudadana ante ejecutorias ilegales, debe ser motivo suficiente para cambiar.

El nuevo Congreso Nacional, cuyo control esperamos no esté concentrado en un solo partido sino en una fuerza pluralista, tiene de entrada la histórica y patriótica responsabilidad de por fin escoger bien y librar al país de una Corte Suprema que fue conformada por magistrados electos a la medida de los políticos de turno, con tribunales que a conveniencia de partes juzgan casos similares de manera diferente, de un Ministerio Público que además de ser estructuralmente débil y lento en los procesos investigativos, ha dado muestras contundentes de estar al servicio del poder y no de la ciudadanía y de un Tribunal Superior de Cuentas que cada vez está más lejos de ser un ente garante de la transparencia y de la rendición de cuentas.

@aldoro/aldoromerohn@gmail.com