Para salir de la pobreza hay que abrir puestos de trabajo y multiplicar la productividad.
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Inseguridad jurídica entierra opciones de inversión para generar riqueza

Una atmósfera favorable a la distribución más justa de la riqueza y a la llegada de capital, tanto nacional como extranjero, es la que debe imperar; si no es así, resultan inútiles los esfuerzos que pudieran emprenderse para la creación de fuentes de ingresos en beneficio de la gran mayoría de los hondureños que viven en la precariedad.

Y si la inversión, que ahora está paralizada, no es estimulada en los términos en que nuestro país lo requiere, difícilmente podremos alcanzar un crecimiento económico suficiente para incidir en un progreso continuo e integral de nuestra nación.

Tal y como lo hemos apuntado en reiteradas ocasiones, nuestro país es un territorio infértil y hostil para la llegada de capital por una razón sencilla: no hay seguridad jurídica.

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Más de 12,000 hectáreas están invadidas a nivel nacional, una manifestación inequívoca de la incertidumbre jurídica que reina en nuestro país y un reclamo de los empresarios frente al cual las autoridades se niegan a intervenir o, al menos, lo hacen tibiamente.

El discurso del Gobierno al respecto, es muy confuso y contradictorio, incluso en el seno del mismo Poder Popular. Por una parte, funcionarios de la Administración Central sostienen que no es cierto que se promueva la ocupación por la fuerza de tierras  privadas.

Pero, de otro lado, servidores del sector público agrario han justificado las invasiones por la simple concepción de que todos, especialmente los campesinos e indígenas, tienen derecho a la tierra.

Estamos de acuerdo con los empresarios y economistas que han avizorado una debacle de nuestra economía si no se toman medidas que procuren el equilibrio entre los gastos corrientes, la inversión pública productiva y eficiente, y la atracción de capital privado.

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Para salir de la pobreza hay que abrir puestos de trabajo y multiplicar la productividad, mediante la seguridad jurídica, la certidumbre de un plan de nación y una visión de desarrollo sostenido.

Lamentablemente, no estamos enrumbados hacia tales objetivos. A efecto del ejercicio fiscal 2023, se ha planteado un abultado Presupuesto de 392,000 millones de lempiras, para cuyo financiamiento el país tendrá que endeudarse en no menos 25,000 millones.

En términos llanos, esto vendrá a comprometer los recursos de los períodos futuros, lo que significa que, más temprano que tarde, recibiremos el impacto de una elevación de los tributos o el golpe de la imposición de nuevas cargas.

¿Qué significa que Honduras esté enrumbado hacia un modelo económico alternativo, tal como lo ha planteado el Gobierno al entregar el Presupuesto 2023 al Congreso Nacional?

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Esperamos que no implique una distorsión de los propósitos de contener el gasto y aumentar la inversión en los rubros esenciales, con el fin de  mejorar las condiciones de vida de la población.

Necesitamos atraer capital y rescatar la seguridad jurídica para abrir más puestos laborales y empujar el crecimiento de Honduras.