Las intenciones son difíciles de comprobar cuando los promotores se llaman al silencio.
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¿Honduras podría ser un basurero ecológico?

En la sesión virtual del Congreso Nacional del 16 de junio 2020, se acordó la importación masiva de baterías usadas a Honduras. La iniciativa fue una propuesta realizada por la diputada suplente por el Partido Nacional, Leonor Osorio.

Osorio puso sobre la mesa de la sesión virtual la interpretación de una serie de artículos de la Ley General del Ambiente, relacionados a la prohibición de importación de desechos tóxicos al país.

De acuerdo al dictamen, al que tunota.com tuvo acceso, contiene el decreto establecido en el numeral uno: “Interpretar los artículos 8, 11, 68 párrafo segundo, 69 y 92 literal C, del decreto número 104-93 de fecha 29 de mayo de 1993 que contiene la Ley General del Ambiente”.

En ese sentido, la interpretación más aceptable para la legisladora sería que deje de ser prohibida “la importación, fabricación y/o reciclaje de baterías de plomo/ácido, selladas nuevas o usadas”.

Una mirada a la legislación que propuso y aprobó la interpretación del artículo 8 de la Ley General del Ambiente misma que pregonaba lo siguiente:

Además

Interpretemos la ley

Mario Enrique Chinchilla, abogado, docente universitario y director del Consultorio Jurídico Ambiental (Consuambiente), ilustra sobre la interpretación de las leyes y en qué caso estas pueden ser interpretadas.

De acuerdo con el experto en interpretación jurídica, la Constitución de la República en el artículo 205 (reformado) le da la facultad al Congreso Nacional de “crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes”.

“El Congreso tiene esta facultad, pero no es antojadiza o potestativa, sino de acuerdo a ciertas circunstancias”, explicó Chinchilla a tunota.com

En ese sentido, “por medio de la interpretación de la ley, cuando cabe hacerla, se esclarece una disposición legal en sentido propio y que deberá tener un fin inmediato que es aplicar de manera correcta el derecho a los hechos en proceso, es decir, el juez o los jueces son los que dicen el derecho”.

Chinchilla resumió que “la interpretación del derecho es utilizada cuando es necesario, para establecer la acepción o consecuencia de las normas de derecho. Solo en estos casos puede el legislador interpretar, cuando hay dudas, pasajes oscuros o contradictorios, lagunas, etc”.

En ese contexto, en cuanto a la interpretación de la Ley General del Ambiente el jurista explicó que la interpretación “hecha a la Ley General del Ambiente no cabía, pues no se dan ninguna de estas condiciones o supuestos para interpretar”.

“La actividades mencionadas en la legislación relacionada con las baterías, están bien reguladas y si se cumplen con requisitos establecidos y con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), no se requería más, a menos que se quiera beneficiar a algún sector o persona o grupo interesado”, ilustró.

“Es más, esta interpretación puede atentar contra el artículo 17 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Dominicana y los Estados Unidos que ordena que ‘no se pueden disminuir las condiciones ambientales establecidas en la legislación existente’, cuando se firmó el Tratado y pueden denunciar a Honduras por reducir niveles de protección existentes”, dijo.

En ese sentido el jurista también detalló que “está de por medio el Convenio de Basilea sobre transporte transfronterizo de este tipo de productos peligrosos y el de Estocolmo que regula el ciclo de vida de productos químicos y su gestión ambientalmente racional”.

“Están o no derogados los artículos que contienen delitos penales en la Ley General del Ambiente, artículo 92, acápite C, la Forestal y el Código Penal de 1983. Por haberse publicado el Nuevo Código Penal que en los artículos 325 y 326 regula estos temas. Si está vigente el nuevo código penal no era necesario interpretar los delitos ambientales, en particular el 92 C”.

Cabe destacar que La Ley General del Ambiente de 1993, ha sido reformada en el pasado por decretos legislativos que han creado nuevas leyes o reformado otras, como la Ley de Simplificación Administrativa, la Ley de Incentivos a la Generación de Energía con Recursos Naturales Renovables, la Ley de la Administración Pública entre otras.

Entendiendo lo anterior, la decisión del legislativo de interpretar algunos artículos de la Ley General del Ambiente causó revuelo en redes sociales y hasta algunos legisladores afirmaron que el país podría convertirse en “un basurero ecológico”, pero…

Muchos países han sido víctimas de tragedias ambientales ante el reciclaje de elementos para los que no tienen capacidades, procesos y cultura.

¿En realidad Honduras podría convertirse en un basurero ecológico?

Según Leonor Osorio, suplente del diputado, Juan Diego Zelaya, se propuso la interpretación de la ley porque buscan que “esa batería que usted anda en su carro vaya a plantas de reciclaje que cumplan con todo y evitar que vaya a crematorios o que sea enterrada o que sea lanzado a ríos y quebradas”.

Además, Osorio aseguró en su cuenta oficial de Facebook que el Convenio de Basilea no prohíbe la importación de baterías.

“El convenio de Basilea estimula y permite la importación y el transporte transfronterizo hacia países que sí tienen plantas de reciclaje porque esto más bien ayuda al planeta. ¿Qué hace un país que no tiene cómo reciclar sus baterías? Simplemente las entierra o las tira a la basura o las tira a los ríos”.

Honduras y el Convenio de Basilea

Según los expertos en ambiente consultados por tunota.com, Honduras está suscrito al Convenio de Basilea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), mismo que es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente en lo referente a su disposición.

Es por eso que para el representante del Gremio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras, el ingeniero Emilio Medina, también expone otro punto de vista en esta interpretación.

“Hay una diferencia entre un residuo peligroso y un producto peligroso. Un producto peligroso es algo nuevo que se va a usar y que por sus características intrínsecas puede traer daños a la salud de las personas”, detalló Medina a tunota.com

“En 2017 Honduras ratificó el convenio de Minamata que controla la producción, disposición final del mercurio porque cuando este ingresa al cuerpo, el primer daño que hace es al Sistema Nervioso Central. Literalmente usted se hace loco”.

Además, el experto detalló que se puede importar un producto como un termómetro que tiene mercurio. Sin embargo en el caso de las baterías de plomo usadas, entran en la categoría de un residuo. “Entonces nosotros no lo podemos hacer” aseveró Medina.

En ese contexto el ingeniero ambiental, explicó que “el país ratificó el convenio de Basilea, para no convertirnos en el patio trasero de países que producen residuos peligrosos. Si nosotros empezamos a aceptar esas baterías, estaríamos no sólo violando nuestra Ley General del Ambiente,además estaríamos rompiendo nuestro convenio de Basilea”.

¿Y la salud?

También, la diputada suplente, afirmó en su cuenta de Facebook: “Si las baterías son recicladas por industrias certificadas NO hay daños a la salud de nadie, ni de los empleados ni de las poblaciones. En el caso de las plantas establecidas en el país”.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe, Reciclaje de baterías de plomo-ácido usadas: consideraciones sanitarias, publicado en 2017, explica los efectos nocivos que tiene en la salud la exposición mínima al plomo.

“Una vez absorbido, el plomo se distribuye por la mayoría de órganos del cuerpo, incluidos el sistema nervioso central, el hígado y los riñones, pero la mayor parte (hasta un 90% en adultos) se queda almacenada en los huesos (Barry, 1975)”.

Además, el informe asegura que “los efectos tóxicos del plomo son de amplio alcance y afectan a todos los sistemas del organismo”.

En ese contexto la OMS refiere que el plomo tiene efectos nocivos gastrointestinales, neurológicos, cardiovasculares, renales, endocrinos y efectos en el aparato reproductor y durante el embarazo.

“Cuando usted produce baterías de plomo o hace reciclaje de estas, hay emisiones de óxidos de plomo y otras formas de plomo y el problema es que esto se bioacumula en los humanos. Teniendo cualquier cantidad de efectos negativos”, dijo Medina.

“Cuando hay excesos de plomo hay anemias continuadas que eventualmente pueden terminar en algún tipo de leucemia, hace problemas en el sistema nervioso central, daña los riñones, en los niños produce grandes letargos”, recalcó.

Balance de opiniones

Desde que se promulgó la interpretación de la ley mediante una cesión ordinaria virtual del Poder Legislativo en medio de la crisis por covid-19, miembros del Gremio de Profesionales de la Ingeniería Ambiental de Honduras, se han pronunciado a la decisión que fue tomada de “manera unilateral”, según afirman.

“El abrir la puerta a estos residuos peligrosos es atentar contra el medio ambiente a la salud de la población en especial para las personas que van a trabajar en esta industria y sus familiares al igual que los ecosistemas de Honduras” expresó Daniela Larios ingeniera ambiental y fundadora de la organización ambiental y movimiento Eco_Hn.

Adicionalmente, la experta en temas ambientales explicó que “Honduras no cuenta con la infraestructura necesaria para los procesos que esto conlleva ya que no es un proceso simple de reciclaje ya que se trata con materiales altamente tóxicos”.

Las baterías de vehículo una vez que acaban su vida útil, son altamente contaminantes.

“Considero que al ser un país que ni siquiera contamos con un sistema de separación de recolección y desechos comunes como lo es plástico por ejemplo. No estamos listos para procesar o reciclar este tipo de residuos que quieren traer al país”, afirmó la ingeniera ambiental. 

De igual forma, organizaciones como El Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) y La Mancomunidad de Municipios del Sur de Honduras (NASMAR) y El Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), se pronunciaron ante la decisión del Poder Legislativo.

El presidente de CBH, Emilio Medina asegura que no se están en contra del desarrollo.

“Lo que más necesita Honduras en medio de esta pandemia es crear fuentes de empleo. Pero no a costa de la salud de las personas ni del ambiente”, finalizó.

Si bien es cierto, reciclar baterías de plomo conlleva un gran riesgo, la Commission for Environmental Cooperation (CEC) afirma en uno de sus informes que si se hace de la manera correcta esta actividad podría tener beneficios en el medio ambiente.

Lo anterior es un modelo de una especie de tratado de libre comercio en una coalición entre Canadá, Estados Unidos y México.

Además, la coalición antes mencionada ha dado como resultado la modernización del sistema de intercambio de datos para transferencias de residuos peligrosos. El CEC busca estar a la vanguardia en el tema de desechos y esto afirmó lazos comerciales entre los países antes mencionados.

Por otra parte, el negocio parece ser rentable y es que según el estudio de mercado realizado en 2014 por estudiantes de la Universidad de Economía y Negocios de Chile en el mercado para ese año había una “demanda de  51,000 Toneladas de déficit, las cuales no están cubiertas”.

“Además de producir plomo de una manera sustentable, los que apoyan la entrada de estos desechos, aseguran que entregarán una solución viable operativa, económica y medio ambiental, aportando en la disposición final de residuos contaminantes”, según el estudio.

Adicionalmente, el estudio de mercado antes mencionado destacó que, el plomo es muy específico, tanto en el rubro automotriz, minero, médico e industrial. Si bien es cierto, para algunos productos se han podido crear sustitutos (como en la pintura) para más del 90% de sus usos no existe un reemplazo directo que pueda amenazar su retiro del mercado. Lo que lo convierte en un negocio más que rentable.

Dictamen

Los argumentos de la ley son claros, no había necesidad de interpretar la ley cuando Honduras tiene convenios suscritos en beneficio del medio ambiente, sin embargo, ante el silencio y la negación de los propulsores de la ley, es imposible determinar hasta el momento si se trata de una buena intención que promueva el desarrollo de este rubro.

Sin embargo, hay países vecinos como Costa Rica, declarado como ejemplo mundial por el buen manejo de los recursos ambientales y el cuidado de la biodiversidad, que sí tienen programas de reciclaje bien montados y hasta ahora no ha sido problema.

De algo estamos seguros, a esta altura del siglo XXI, Honduras no es un país con cultura de recicle de “basura común”, por lo que también quedan claros y dudas de si un proyecto como manejar residuos y material peligroso termine siendo seguro para los mismos trabajadores. Honduras es un país con poca disciplina incluso para el trabajo.

Por lo que aún quedan muchas dudas sobre el tema. También podemos asegurar que el sistema de Salud hondureño no cuenta con una estrategia sostenible para tratar a trabajadores del rubro que seguramente se verán afectados por la inhalación al plomo.

En ese sentido, nuestro dictamen es un “ni si, ni no”, es decir, no se pueden comprobar las verdaderas intenciones del proyecto, si realmente sería un polo de desarrollo o bien un enorme basurero ecológico, por lo que es ENGAÑOSO.