Instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
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Impartición politizada de las leyes y elección de la nueva Corte Suprema

Se ha iniciado el camino a la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia. El Congreso Nacional está próximo a conocer una iniciativa que será remitida por el Poder Ejecutivo en la que se define un nuevo proceso de elección de los magistrados.

Una sola, pero muy profunda, es la demanda de distintos sectores nacionales y de organismos externos: Que la elección de los magistrados sea transparente, incluyente y, sobre todo, no influenciada por asuntos políticos ni por motivaciones para favorecer a los corruptos o personajes conectados con el crimen organizado.

Hay una premisa que hemos hecho nuestra cada vez que analizamos los criterios que priman en la aplicación de las leyes: La justicia hondureña es impartida tardíamente y sus alcances son desdoblados y espurios.

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Si tuviésemos que emitir una sentencia sobre los principios que son tomados en cuenta para administrar la justicia en nuestro país, ésta sería condenatoria.

La elección de los profesionales del Derecho que van a integrar el Poder Judicial para el próximo período de siete años, se presenta como una oportunidad para adecentar la forma en que es impartida la justicia y para restablecer la confianza de los hondureños en nuestras  instituciones.

De más está decir que es plausible que esta vez, los miembros de la Junta de Selección serán expuestos a la permanente vigilancia y riguroso escrutinio de los organismos de la sociedad civil. Así debe de ser, en función de cuidar por que los ciudadanos que sean investidos como magistrados del más alto tribunal de justicia estén respaldados por una hoja de vida y de servicio sin tacha.

Y los candidatos a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, tendrán que pasar por un procedimiento severo y muy escrupuloso de evaluación. Sus comparecencias serán abiertas y los seleccionadores tienen que consignar las calificaciones otorgadas a cada uno de los postulados.

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Es igualmente un reclamo ciudadano que en el Congreso Nacional se promueva una discusión y un debate de altura alrededor de la nómina de los aspirantes a ser parte de la Corte Suprema de Justicia.

Ha sido en la Junta Nominadora y en la Cámara Legislativa es donde -precisamente- se han tejido las componendas para integrar un Poder Judicial maleable y accesible a la edificación de los pactos de impunidad.

Es un imperativo que todos los hondureños abracemos una postura enérgica e indoblegable de cara a la conformación de la Corte Suprema de la Justicia. Porque la aplicación de las leyes no puede estar dictada por la voluntad de los corruptos ni amenazada por los intereses de las redes del crimen.

¡Que haya una elección transparente y no política de los magistrados del más alto tribunal de justicia! ¡Que se rompa la cadena de aberraciones que ha dado paso a la colusión entre los políticos y los operadores de la justicia y a la aplicación segregada de las leyes!

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