El periodista y catedrático Aldo Romero
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El poder de la violencia y la violencia del poder

La Constitución de la República establece en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que, por tanto, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla a fin de garantizar la dignidad del ser humano como un derecho inviolable.

De manera subsiguiente, el artículo 60 complementa el enunciado anterior, cuando deja por sentado que en Honduras no hay clase privilegiadas y que todos los hondureños somos iguales ante la ley sin discriminación de sexo, raza, clase o cualquier otra lesiva a la dignidad humana.

Con el propósito de ilustrar mejor a la población sobre este precepto constitucional, en las últimas semanas hemos estado consultando a expertos por diferentes vías, el porqué de tanta desigualdad social en materia de seguridad en el país y cuáles fueron las causas que orillaron a la sociedad a ser indiferente y poco exigente ante el crecimiento alarmante de la violencia y el crimen que diariamente destruye y divide a las familias hondureñas.

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Las opiniones fueron casi unánimes, a pesar que se promociona como un eje prioritario y al que se destina la mayor parte del presupuesto nacional, el país no cuenta con una política estratégica en materia de seguridad ciudadana y los pocos esfuerzos realizados hasta ahora se ven anulados por la corrupción, el desinterés de las autoridades y la infiltración del crimen organizado en los organismos estatales, de seguridad y justicia entre otros.

Sin duda, el Estado dejó de ver a la persona humana como su fin supremo y desde los mismos gobiernos se promovió el irrespeto a la dignidad de las personas al privarles de las oportunidades de desarrollo a cambio de favorecer a ciertos grupos hoy considerados poderosos económica y políticamente.

Es a partir de entonces, que el mismo Estado ha violentado una y otra vez los artículos 59 y 60 constitucionales al crear y dar fuerza a grupos privilegiados en menoscabo de los grandes intereses sociales, aunque no se puede desconocer que gran parte de la responsabilidad recae también en los diferentes sectores sociales, políticos, económicos y de representación popular y gremial que han guardado silencio ante las prácticas corruptas y poco transparentes de quienes han gobernado.

¿En qué momento se perdió el control del país? ¿A partir de qué circunstancias se abrió la puerta para que la sociedad se dividiera tan bruscamente entre los que tienen acceso a todo y los que no tienen acceso a nada, a casi nada o a lo muy poco, en lugar de lo suficiente como mínimo en la escala de provisión?

Seguramente algunas causas fundamentales han sido por décadas el poco o nulo interés social de la clase política, el irrespeto a la ley que favorece a unos pocos y es invisible e inaccesible para los muchos, el rechazo social de grupos acostumbrados a sacar partido de la maldad y que han obligado a la mayoría de hondureños decentes y amantes del país a vivir en permanente zozobra.

Hoy la sociedad vive amedrentada y sometida entre el poder de la violencia ejercida por el crimen organizado y la violencia del poder que surge desde el mismo Estado, los malos siguen causando luto y dolor y los que se supone debería proteger a los buenos están más interesados en llenar sus bolsillos y satisfacer sus intereses particulares.

El malestar es generalizado, los ciudadanos ya no confían en promesas vacías y discursos demagógicos, debe llegar el momento de predicar con el ejemplo, de mostrar integridad en el desempeño público y en los diferentes sectores de la sociedad, aún es tiempo de rescatar el país y de darle a la gente una vida mejor, pero en acciones, no en papeles.

@aldoro/aldoromerohn@gmail.com

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