La primera batalla la debemos librar desde la sociedad civil representativa y legítima.
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¿Una CICIH sin garras ni dientes para investigar y acusar a corruptos?

No podemos evitar que nos invadan las dudas respecto a la instalación y la puesta en operación de la CICIH. No estamos seguros que exista una sincera voluntad política para combatir la corrupción.

Con franqueza lo han advertido los organismos de la sociedad civil: el Gobierno del Poder Popular ha planteado un simple acompañamiento de la ONU y no una libre iniciativa para investigar y acusar a culpables de casos de corrupción.

Además, que nosotros sepamos, no se ha considerado la revisión del decreto que limita las acciones del Ministerio Público para requerir a personajes de instituciones descentralizadas, de las alcaldías, del Congreso o de ONG´S, por motivo de ilícitos en la gestión y administración de fondos públicos.

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Otro de los obstáculos que enfrentaría el ente especializado de la ONU, en su misión de luchar contra la corrupción en Honduras, es que no tendría independencia para llevar a los juzgados a los señalados.

Es verdad que el canciller Eduardo Enrique Reina ha declarado que la CICIH actuará con autonomía, en tanto el ministro de la Transparencia y Lucha contra la Corrupción Edmundo Orellana ha advertido que la Comisión apuntará contra los funcionarios del actual Gobierno, diputados del Congreso Nacional y magistrados del Poder Judicial.

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Pero hay mucha distancia entre lo proclamado desde el Poder Ejecutivo y las condiciones que imperan en el país para emprender y sostener una batalla decisiva contra la deshonestidad y a favor de la rendición de cuentas.

Está en vigor el decreto de amnistía política o “pacto de impunidad” al que se le dio vida en la Cámara Legislativa; y están en firme las maniobras del Poder Ejecutivo para reformar el Consejo de Defensa y Seguridad y mantener latente el llamado a una consulta popular, con vistas a lograr una mayor concentración de poder.

Encima, son evidentes las intenciones de los políticos de interferir en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en aras de colocar sus peones y torcer la aplicación de las leyes.

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Con todo este escenario controvertido: ¿No es cierto que la CICIH ya tiene muchas piedras en el camino hacia el adecentamiento de las ejecutorias públicas, aun y cuando todavía no entra en funciones?

Los hondureños anhelamos y exigimos que los autores de los más despreciables capítulos de corrupción sean llevados a la cárcel, como se merecen.

La primera batalla la debemos librar desde la sociedad civil representativa y legítima, en reclamo del compromiso que asumió el Gobierno de no tolerar la corrupción ni alimentar la impunidad.

Si dejamos que las redes de los corruptos se fortalezcan más y se cobijen en la debilidad de nuestras instituciones, la CICIH va a fracasar con el mismo estruendo con que cayó la MACCIH. ¡Cerremos filas para que no ocurra así!